Rafael Estrella

Barcelona: diez años después
Artículo publicado en El Socialista Diciembre 2005

Hace diez años, la Conferencia Euro-mediterránea de Barcelona supuso un intento ambicioso de configurar un espacio común en esta región que compartimos. Se partía entonces de una visión amplia y compleja de la seguridad que, formulada en los años sesenta, no tuvo gran fortuna en el fragor de la Guerra Fría. (more…)

Uno de los elementos que hacen de Europa un conjunto singular y atractivo para muchos ciudadanos del mundo es lo que se ha dado en llamar el modelo social europeo, un sistema de protección social y de derechos laborales que se halla consolidado, en grados diferentes, en los países de la Unión Europea y que se contrapone a la enorme desprotección y desigualdad existente en otros competidores del mundo desarrollado y, en particular, de EEUU.

La crisis de competitividad, crecimiento económico y empleo que experimentan buena parte de los miembros de la Unión ha situado el modelo social europeo en el centro de los ataques de los sectores más ultraconservadores de la derecha europea: en su discurso, palabras como desregulación o liberalización se traducen, en la práctica, en el deseo de desmantelar el modelo social europeo.

Los socialistas europeos hemos iniciado un amplio debate cuyo objetivo es formular nuevas respuestas a los nuevos retos, a fin de preservar y garantizar los logros en justicia, solidaridad y protección social y, al mismo tiempo definir estrategias para modernizar dicho modelo, que se enfrenta a desafíos tan importantes como el imparable proceso de globalización, la ampliación de la Unión o el cambio demográfico. Es, en definitiva, un debate para impulsar y promover los valores y principios de la socialdemocracia europea.

El proceso de debate que está impulsando el Partido de los Socialistas Europeos (PSE) se va a desarrollar a través de foros y conferencias de ámbito europeo y nacional. En otoño de 2006, las conclusiones serán presentadas al Congreso del PSE. Conviene recordar que el modelo social europeo, el Estado de bienestar fue, en gran medida, fruto del impulso de la socialdemocracia europea. Por eso es importante que seamos también nosotros los que asumamos la definición de las garantías que la sociedad debe ofrecer a los ciudadanos europeos. Sólo así estaremos en condiciones de afrontar un debate riguroso sobre las reformas necesarias sin que estas supongan el desmantelamiento del Estado de bienestar.

En procesos recientes, los ciudadanos, en Francia y Holanda, han mostrado sus inquietudes e incertidumbres ante procesos en que se les habla de reformas (laboral, fiscal, de pensiones) pero no de de su seguridad como ciudadanos. Al mismo tiempo, en las recientes elecciones en Alemania, los electores han hecho patente su recelo ante las propuestas neoliberales de Angela Merkel que, de manera muy obvia, favorecían a los más privilegiados. Debemos ser capaces de convertir esa desconfianza de los ciudadanos hacia las políticas neoliberales en apoyo a una clara y sólida visión de Europa; para ello, debemos demostrar que la Europa social no es una rémora para el progreso sino una dimensión que integra y fortalece nuestra Unión.

Las respuestas de los socialistas europeos deberán tener en cuenta los diferente modelos que conviven en la Unión y que, pese a sus diferencias, se perciben en su conjunto como el modelo social europeo con valores y principios comunes que se reflejan, por ejemplo, en un gasto en salud que oscila entre el 7% y el 10% del PIB o entre el 7% y el 10% en pensiones. La puesta al día y el reforzamiento de nuestro modelo social debe basarse, por tanto, en la consagración de principios irrenunciables como solidaridad, igualdad y justicia, que deberemos articular en función de los retos que afronta la sociedad actual.

El principio de solidaridad conlleva la idea de redistribución de la riqueza dentro y entre los Estados miembros de la Unión Europea, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a servicios básicos. Pero hemos de dar respuesta a la emergencia en nuestras sociedades de nuevos grupos que se encuentra en situación de desventaja, como los inmigrantes de tercera generación o las familias monoparentales. Igualmente, de manera muy especial, hemos de ser capaces de trasladar a los instrumentos de protección social cambios tan relevantes como la imparable incorporación de la mujer al trabajo, facilitando la escolarización temprana de los hijos; también, el envejecimiento de nuestra población, que hace imprescindible fortalecer el cuidado sanitario especializado y la atención social a los mayores.

La idea de flexibilidad aparece frecuentemente ligada al objetivo de aumentar la competitividad. Es un debate que los propios sindicatos han aceptado como ineludible. Pero no podemos aceptar que la flexibilidad suponga simplemente mayores posibilidades para despedir con menor coste a un trabajador. La flexibilidad sólo puede ser aceptable si conlleva mayor seguridad a través de políticas activas de empleo (mayor estabilidad, formación, apoyo para la búsqueda de nuevo empleo) que, además, hagan viable la Estrategia de Lisboa, así como de medidas para evitar la discriminación o para facilitar la incorporación de la mujer y, de manera muy especial, de los jóvenes. Se ha acuñado un término para defender ese concepto: flexiseguridad.

Finalmente, debemos abordar con rigor y de manera constructiva las consecuencias del cambio demográfico. Más allá de las implicaciones que las estadísticas auguran para los costes de la salud y de las pensiones, es evidente que el aumento de la esperanza y de la calidad de vida permite explorar nuevos escenarios en que, aquéllos que lo deseen, puedan prolongar su vida activa en el mismo o en otros ámbitos de actividad. Al mismo tiempo, estamos pudiendo constatar cómo las predicciones demográficas se ven alteradas por las corrientes migratorias. Ello, además de abrir nuevos y más optimistas horizontes a la sostenibilidad de los sistemas de protección pública, plantea también la necesidad de dar respuestas adecuadas a la inmigración, creando, por una parte, un marco común europeo para la admisión de inmigrantes y, al mismo tiempo, poniendo en práctica políticas que favorezcan su integración y eviten la discriminación.

Rafael Estrella
Diputado por Granada. Vicepresidente del Partido de los Socialistas Europeos.
Artículo para el Boletín de la Secretaría Internacional del PSOE Diciembre 2005

Ley de Defensa: consulta y autorización

El autor estima que la consulta al Parlamento sobre el envío de tropas a misiones internacionales no debe ser un acto ritual, sino una discusión rigurosa en torno a las mismas.

RAFAEL ESTRELLA
EL PAÍS - España - 01-10-2005

En los últimos días se han comentado ampliamente los importantes cambios introducidos en el Proyecto de Ley de Defensa a su paso por el Congreso, que establecen los requisitos de consulta y autorización parlamentaria para la participación de fuerzas españolas en misiones internacionales. Al cumplir con el compromiso electoral del PSOE, se deja atrás un modelo basado en la información a posteriori que, si bien pudo funcionar gracias al amplio acuerdo en torno a las operaciones en que participaba España, mostró sus graves defectos con la implicación de España en la guerra y ocupación de Irak y la consiguiente quiebra del consenso en política exterior y de seguridad. Con la excepción del PP, empeñado en leer el futuro en clave del pasado, hoy nadie cuestiona que las decisiones que comportan la actuación de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior, además de situarse en un marco inequívoco de legalidad internacional, han de contar, también, con el máximo respaldo político y social: los riesgos de esas misiones, sus implicaciones para la política exterior y los intereses geoestratégicos de España hacen más que necesaria la participación del Parlamento. Es un debate que la mayoría de los países de nuestro entorno han sustanciado en los últimos años y que viene a resolver la nueva ley, sobre cuyas implicaciones conviene hacer algunas consideraciones.
El texto aprobado por el Congreso preserva las competencias que el artículo 97 de la Constitución atribuye al Gobierno; es éste quien decide, pero se introduce el requisito de la consulta y autorización. Se incorpora así la noción de co-responsabilidad material del modelo holandés: Ejecutivo y Legislativo, ante una decisión política grave y de especial relevancia, buscan una posición común sin alterar sus respectivas responsabilidades.

El proyecto establece dos actos antes de que el Gobierno envíe tropas a misiones en el exterior: la consulta y la autorización parlamentarias. Si el segundo supone la expresión formal del respaldo con que cuenta la decisión del Gobierno de enviar tropas a una misión en el exterior, la consulta es el acto por el que el Gobierno comunica al Parlamento su intención y los elementos con los que éste debe conformar su opinión. La consulta aparece así como el catalizador imprescindible para que el respaldo expresado en la autorización sea un apoyo sólido y comprometido, no formal, que pueda ser también entendido y asumido por los ciudadanos. La noción de co-responsabilidad material implica no sólo compartir decisiones con el Parlamento sin menoscabo de la potestad que la Constitución atribuye al Gobierno; supone, también, la madurez del Parlamento en cuestiones de seguridad y defensa, lo que exigirá que la consulta aporte toda la información que los diputados precisen para conformar su opinión. El Parlamento no aprobará simplemente el envío de fuerzas a un escenario de crisis, sino una misión específica para nuestras Fuerzas Armadas.

No es difícil definir lo que el Parlamento debe conocer: en particular, el mandato o autorización (base de legalidad internacional); las implicaciones geoestratégicas de la crisis en que se pretende intervenir y la justificación, en particular, de la participación española; las características de la misión y los objetivos que deben cumplir nuestras Fuerzas (zona de despliegue, etc); la composición del contingente y los medios de protección y apoyo; la duración y los costes estimados de la misión; la cadena de mando en la que operarán nuestras fuerzas; una evaluación de los riesgos en función de la naturaleza de la misión; finalmente, las reglas de enfrentamiento (restricciones comunes o nacionales en las misiones o en el uso de la fuerza) con que actuarán las fuerzas españolas. Todo ello, evidentemente, no supone facilitar información sobre aspectos operativos específicos, que el Parlamento no precisa conocer.

En ese ejercicio de co-responsabilidad, será importante que el rigor y la reflexión dominen sobre la retórica huera y la superficialidad, tan habituales en nuestro Parlamento. La consulta no debe ser un mero acto ritual en el que los ministros de Exteriores y Defensa desgranan ante los diputados información sobre la misión, mientras los grupos declaman argumentos que, frecuentemente, poco tienen que ver con la misión que se debate. La información que el Parlamento debe conocer debiera trasladarse previamente por escrito a la Comisión o Comisiones competentes, para que la consulta sea, no una serie de discursos sobre la misión, sino una discusión rigurosa en torno a la misma y a sus características. No debe excluirse tampoco que los grupos o diputados individuales puedan demandar información adicional o realizar propuestas o sugerencias sobre aspectos de la misión, lo que podría requerir reuniones a puerta cerrada de los diputados con expertos y altos cargos de Exteriores y de Defensa.

La ley no establece el procedimiento y las características de la consulta -ni de la autorización-. En buena lógica, debe ser en el propio Congreso donde se forje un acuerdo institucional, incorporado al nuevo Reglamento o, en su ausencia, mediante una Resolución de la Presidencia que establezca los procedimientos a seguir para la consulta y la autorización, garantizando además que ambas puedan sustanciarse en el plazo de pocos días. Para evitar que una generalización de actos de autorización en el pleno acabe trivializando estas decisiones, sería también conveniente que, en misiones de menor riesgo y envergadura, la autorización pudiera producirse en Comisión (no es lo mismo la misión de Haití que la de Afganistán), aunque, eso sí, la valoración corresponde al Parlamento, que quizá debiera renunciar a la autorización en el caso de misiones para envío de ayuda de emergencia.

La aplicación de la ley requerirá, también, establecer el ámbito en que se produce la consulta. Hasta ahora, al igual que en otros países, la consulta se ha realizado en sesión conjunta de las Comisiones de Exteriores y Defensa, pero convendría considerar el modelo noruego, donde la consulta y la toma de posición se realiza en una Comisión ad hoc (Gran Comisión de Asuntos Exteriores) en que participan miembros de ambas Comisiones.

Finalmente, para un procedimiento riguroso de consulta, las Comisiones del Congreso deben contar con medios de asesoramiento técnico de los que hoy carecen: la comparación con otros Parlamentos de la Unión Europea nos sitúan en el siglo XIX. Esa carencia de medios técnicos favorece la falta de rigor y la superficialidad, uno de los mayores defectos del Parlamento español.

This chapter is Rafael Estrella’s contribution to the book “NATO Parliamentary Assembly 1955-2005: 50 Years of Prliamentary Diplomacy”. Brussels, October 2005

…Where the East is the East and the West is the West and they meet.
Orham Pamuk

If the Soviet Union was during the Cold War la raison d’etre for NATO, the Union and its main heir, Russia, became after 1989 our indispensable partner for security and stability in Europe. When contemplated in perspective, building from zero a cooperative relationship of mutual understanding and partnership with Russia and its Parliament implies understanding and addressing not just the facts but also the essential role played by perceptions. I would venture to suggest that with all its shortfalls this has been the most serious challenge faced by the NATO Parliamentary Assembly throughout its existence. From a personal viewpoint, it was undoubtedly one of the most intense political experiences.

When today we witness the debate on how to tackle the gulf of cultural distance and misperceptions that separate us from the Islamic world, it is not impossible to find many elements in common with the way NATO and the Soviet Union looked each other at the outset of the post-cold war era. The choices we made for dialogue, and ultimately, for a true partnership, were difficult but nevertheless decisive in order to move away from the possibility, however remote, of a clash between East and West, to promote a shared area of security and stability and, in the end, to support those who, in the Soviet Union, advocated a true change towards democracy and freedom.

The Assembly had no clear vision of the final outcome when it initiated its relations with the institutions of the then Soviet Union, in the last years of the Gorvachev era. The ongoing process in that country raised contradictory feelings both of sympathy and scepticism among NATO parliamentarians. Despite the good will expressed by the undefined desire to “start knowing each other”, the poor improvement in democracy was another reason why there was no clear view of what sort of relationship to build with those who for decades had been the enemy – indeed, the threat against which for NATO had been created together. We soon learned to our amazement, this same perception, albeit from the other side of the curtain, also dominated the attitude of Soviet Union officers towards NATO. The Alliance was perceived in both its military power and policies, as a threat to the interests of the Soviet Union. However, both sides understood and assumed candidly the need to open a dialogue even with limited goals.

In another part of this volume, Sir Geoffrey Johnson Smith offers an accurate account of the first visit of an Assembly delegation to the Soviet Union (July 1989), hosted by the Supreme Soviet. As a participant in that historical event, I was able to experience at first hand these uneasy initial exchanges on the way each side perceived the nature and the aims of the other and the profound gap in perception and understanding of our respective organisations. However, this was also the time we started developing a network of personal relations that, in the long run, were essential to create a basis of mutual understanding and of increasing agreement. The unprecedented visit of an Assembly delegation to the Soviet Union might well be considered as a cautious, and not without suspicions, first swing of the gate. Only four months later, at the Rome Plenary Session, General Vladimir Lobov, First Deputy Chief of the Soviet General Staff addressed the Defence and Security Committee as a guest speaker. From then on, the participation of Russian representatives in Assembly activities and the visits by Assembly’s committees to the Soviet Union increased at a constant pace through the early 90’s.

The Assembly itself had also to adapt its own functioning to be able to respond to the new situation. The November 1990 Resolution on New Regional Responsibilities for a Transformed Alliance, created the status of associate delegation, which would be granted to the Soviet Union thus facilitating the participation of its representatives in Assembly activities. The collapse of the Soviet Union effectively meant a fresh start in relations with its principal successor state, Russia, as well as with other former Soviet republics such as Ukraine; associate status would be gradually granted to most of them.

Within this new framework, from May 1993, the Russian Supreme Soviet participated actively in Assembly work. Russian parliamentarians made clear from the start that they would not limit themselves to being passive observers but, on the contrary, they seized the opportunity to contribute reports and present amendments. This right proved to be extremely useful for developing a better mutual understanding as well as for identifying the areas of contention. At the same time, Assembly Committees also made regular visits to Moscow relevant to their respective field of interest.

The demarche initiated with Russia by the Assembly was regarded with suspicion by some of the delegations from countries aspiring to join NATO. Controversy between those and the Russian delegates was – and in some cases still is - frequent during the Assembly sessions. However, this has not prevented the Assembly from progressing in its relations with the Russian Parliament. On the contrary, the Assembly has become a unique forum in which parliamentarians from Russia and from former Soviet republics or former allies meet and address their differences.

In the early years, the Russian delegation included figures such as Sergei Stepashin, Yevgeni Kozhokin, Viacheslav Nikonov or Vladimir Ryshkov. All of these were committed to cooperation with NATO, but all viewed the developing momentum of NATO enlargement as a negative step. While the argument most often raised was the objection to a military alliance moving closer to Russia’s border, there was also a clear sense of Russia been excluded from the process without even been granted a veto right. It is worth recalling that Russia was at a very early stage of a transition from the world power it had been during the Cold War to a European – and Asian - power with its traditional enemy - NATO - becoming a rejuvenated partner. Furthermore, the Russians still resented what they considered the loss of the Soviet Empire.

The suggestion that Russia participate in Partnership for Peace as a means to compensate for this exclusion also received a lukewarm response: “Polish officers teaching Russians how to fight?” was one Russian politician’s dismissive reaction on the merits of Russia’s participation in PfP. It was evident that Russian representatives tended to view NATO under the old Cold War pattern. It was equally clear that, from our side, we had not succeeded in explaining to them the profound changes - political, strategic and military - that NATO was experiencing and that were even affecting the very nature of the Alliance. That is perhaps the reason why our Russian counterparts repeatedly raised the point that since we were no longer enemies, NATO, like the Warsaw Pact, should be dissolved.

Despite these deep rooted suspicions, the Russian side was always responsive and active in efforts to enhance the relationship. Among the diverse initiatives jointly agreed was an annual meeting -whose adequacy is now under review- of three Assembly Committees in and with the Russian Parliament.

However, while relations between NATO and Russia showed a growing dynamism, things were clearly moving at a slower pace at the parliamentary level. The Russian Parliamentarians frequently took a “free ride” which allowed them to be highly critical - at no political price - of the moves made by their Government in relations with NATO. This prevented it from taking further steps which the Duma, in particular, considered excessive concessions to the Alliance. As a means to overcome this situation, following the signing of the NATO-Russia Founding Act and the creation of the Joint Permanent Council, the proposal by the Assembly to establish a parliamentary Joint Monitoring Group to follow and assess together the work of the PJC was agreed to. The Group, comprising an equal number of Assembly and Russian legislators meeting twice a year in Moscow and Brussels, proved a highly effective mechanism to exercise a degree of mutual legislative oversight of the Founding Act. The main achievement offered by this new framework was that it allowed discussion, for the first time, to go beyond the general geopolitical debate and move into the examination of concrete aspects of existing cooperation between NATO and Russia, such as science and technology, which had been neglected by Russian parliamentarians and poorly known by members of the Assembly. This step was essential in order to start crafting a sense of togetherness, of shared responsibility over the specific areas of NATO-Russia cooperation and, of no less importance, the development of personal relations.

Cooperation with Russia against the background of activities involving countries preparing for NATO membership was not always easy. However, it came to an abrupt halt when NATO operations against Serbian forces were initiated in Kosovo in 1999. A letter from the Speaker of the Duma confirmed that there could be no business as usual in view of what was defined as a NATO aggression. After a decade of continuous improvement, the turn of the Century saw NATO-Russia parliamentary relations formally frozen. With the Duma representatives absent, only the Council of the Federation decided to maintain a reduced delegation thanks to the determination of its leader, Victor Ozerov, who throughout that difficult time courageously raised his voice at the Assembly in criticism of NATO military operations in Kosovo but who, above all offered to some of us his friendship.

The creation in Rome (May 2002) of the NATO-Russia Council was a major step forward in cooperation and generated a new momentum also in parliamentary relations. Mirroring the Council, the NATO-Russia Parliamentary Committee was created to allow discussions at the level of 27, and became the main current framework for direct NATO-Russia parliamentary relations. However, given the nature of parliamentary work, the scope of the Committee is limited to meetings twice a year. Discussions focus on issues of mutual concern and interest –currently terrorism, but also the Caucasus and Central Asia, two regions which Russians parliamentarians approached initially from a Russian internal or “back yard” perspective and therefore were reluctant to incorporate them in common discussions, a reluctance which has now been largely mitigated.

The balance of the work within the Parliamentary Committee is on the whole positive. However, despite the emphasis on 27 equal partners the meetings within this framework never really lose a NATO and Russia “them and us” nature. In the overall relationship, there remains a profound gap in political perceptions, with Russian legislators continuing to challenge the role of NATO in today’s security environment –including terrorism- or even questioning NATO’s mere existence. In particular, the membership of the Baltic countries is still hard for them to accept, a reluctance which is usually expressed through criticism on the policies towards the Russian minorities in these countries.
The relevance attached by NATO parliamentarians to close cooperation with Russian representatives has also, together with enlargement, raised the Assembly’s profile within NATO, achieving an unprecedented fluid relationship with the North Atlantic Council and with the Secretary General. This enhanced profile, initiated with Javier Solana, rose markedly with Lord Robertson. If one of Solana’s main achievements was pioneering NATO-Russia relations with the Founding Act, Lord Robertson faced the difficult task of rebuilding these relations which had profoundly deteriorated after the Kosovo crisis. With that goal as a top priority for the Alliance, he soon understood the challenge posed by the extremely negative attitude towards NATO that dominated the Russian Parliament and willingly accepted and cooperated with our initiative to contribute to that endeavour. Lord Robertson deserves particularly mention as a dedicated supporter of the Assembly. He publicly acknowledged the role played by the Assembly in the recovery of that relationship and the Assembly’s active role in pushing for NATO enlargement. He also willingly agreed to establish new mechanisms, for example, more regular and effective meetings with the NAC, which have given the Assembly a more salient profile within NATO’s architecture, a profile which Jaap de Hoop Scheffer has fully maintained.

The current leaders of the Russian delegation, Lubov Sliska and Victor Ozerov, are both committed to Assembly – Russia relations and determined to enhance the relationship wherever possible and seek maximum involvement of the Russian delegation. Victor Ozerov deserves a special mention because he was an early participant who saw clearly the value of cooperation and has sustained his interest and involvement over the years, including, as recalled above, informal contacts during the Kosovo crisis.

There is much common ground and good personal relations to build on. Yet, we have a long way to go. Perhaps in our expectations we underestimated the problem. Russia has found it harder than expected to make its way through difficult times and to assume its role as a relevant European power in a Europe where nations no longer fight each other nor compete for military superiority. Evidently, the Cold War, the collapse of Communism and of the Soviet Union has left perceptions and psychological scars which will take generations to eradicate. The commitment to cooperation conceals a fundamental scepticism about, and even hostility to, the Alliance, a feeling which will only vanish as Russia grows in welfare, political accountability and, in the end, self-confidence. Perhaps the need to cooperate in areas of mutual concern will also contribute to slowly overcome these doubts and demonstrate that NATO is a partner, not a competitor or adversary. However, this will take more time than we thought and can only be done through dialogue and exchange. The Assembly’s cooperation with Russia will surely continue to play an important part of this.

Rafael Estrella
Head of the Spanish Delegation
Former President of the NATO-PA.

Boletín Secretaria Federal
de Relaciones Internacionales. Marzo 2005
Las relaciones entre España y EEUU han estado en el centro del debate
político durante la etapa final del Gobierno Aznar y en el primer año
del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Esa relación era un elemento clave
en el giro estratégico que Aznar trató de imprimir a la política exterior
de España durante su segundo mandato, un giro basado, por una parte,
en desvincular a España del núcleo central de la Unión Europea, pasando
de la cooperación a la confrontación con los países que vienen liderando
el proceso de integración europea; al mismo tiempo, desde esa política
de confrontación y desde la negación de la autonomía estratégica de
Europa, se pretendía construir una relación preferente con EEUU y,
en particular, con la nueva Administración republicana, lo que, se decía,
reforzaría el peso de España en Europa.
Durante la guerra de Irak, el Gobierno Aznar llevó hasta la hipérbole esa
estrategia, alineándose sin reservas con la posición de Bush, tanto en el
Consejo de Seguridad (”no más tiempo, no más inspectores”), presiones
sobre países como México o Chile, como mediante el enfrentamiento
con otros europeos que no apoyaban una guerra ilegal e injustificada.
La “foto de las Azores” pretendía ser el exponente de esa nueva estrategia
que abandonaba posiciones tradicionales de España sobre Europa y
sobre la legalidad internacional y ponía a nuestro
país, de Manera humillante, al servicio de una política exterior y de
seguridad sobre la que España no podía influir.

Si la política de Aznar frente a Europa y en apoyo de la guerra y
ocupación de Irak contribuyó, por el amplio rechazo de la opinión
pública, a la derrota electoral del PP, sus efectos -más allá de
la retórica- sobre la relación entre España y EEUU fueron nulos,
tanto en el plano de las inversiones como de las relaciones
comerciales o culturales, que no se vieron incrementadas.
Del mismo modo, en contra de lo que se ha argumentado desde el
PP, tampoco se han producido consecuencias negativas en estos
ámbitos después de la decisión de retirar las tropas de Irak, adoptada
por el nuevo Gobierno socialista.
En el proceso de normalización y reequilibrio de las relaciones políticas
entre España y EEUU, sorprende, no la falta de cooperación, sino la
actitud desleal, claramente contraria a los intereses de España, seguida
por Aznar y su entorno, a través de los círculos más conservadores de
Washington (The Wall Street Journal, New American Century, American
Enterprise Institute, etc..), una estrategia que le ha sido también impuesta
al nuevo líder del PP, Mariano Rajoy, mostrando así su limitada autonomía.
Pese a ello, la realidad es que entre España y EEUU se abre paso una nueva
relación, alejada del inútil servilismo de Aznar y basada en el respeto mutuo
y en la cooperación en pie de igualdad.
Con los anteriores gobiernos socialistas, esa relación resistió o permitió
superar desencuentros, haciendo posible la estrecha colaboración en el
impulso a los procesos de transición en América Central o la puesta en
marcha de la Agenda Transatlántica entre la UE y EEUU; ahora,
las visitas respectivas de altos cargos de la Administración de EEUU y de
España han permitido definir ámbitos de cooperación efectiva en los que
España tiene mucho que aportar en interés mutuo, como la paz, la
seguridad y el progreso de América Latina o la estabilización de
Afganistán; al mismo tiempo, España define una nueva estrategia con
el objetivo de fortalecer su presencia cultural y comercial en EEUU,
debilitada aún más con Aznar.
La disyuntiva “o europeísmo o atlantismo” que Aznar trató de establecer
se ha demostrado tan simplista como falsa. Frente al atlantismo de amigo
servil e irrelevante de Aznar, el atlantismo basado en la lealtad mutua y en
una relación en pie de igualdad es una dimensión necesaria de una Europa
fuerte, que asume su papel como actor internacional. Esa es la apuesta de
los socialistas españoles en las relaciones con EEUU, una apuesta sólida y
leal, una opción coherente al servicio de los intereses de España.

Rafael Estrella
Diputado. Portavoz Socialista en la
Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo en Diario Crítico. Diciembre 2004

Después del 14 de marzo, todo indicaba que, tras los cambios previsibles (regreso de las tropas de Irak, retorno de España al núcleo central del la construcción europea, etc), la política exterior dejaría de estar en el centro del debate político interno. Evidentemente, no ha sido así y el resultado es que, a tenor de lo visto en el Parlamento durante el último Período de Sesiones, se puede hablar de un consenso “a ocho menos uno” en la política exterior española, al igual que ocurriera en los últimos años de Aznar. Frente a ese consenso, el Partido Popular, ahora en la oposición, no ha buscado una legítima influencia, sino dirigir, bloquear y deslegitimar la política exterior, quedándose aislado una y otra vez en ese empeño.
Corresponde al PP y, en particular, a Mariano Rajoy, decidir si continúa en la estela de Aznar o si, por el contrario, comienza a ejercer la autonomía que debe acreditar su liderazgo interno y externo. Esa es, por tanto, la primera incógnita de la política exterior española para 2005: saber si el principal partido de la Oposición sigue por la senda de confrontación y deslegitimación marcada por Aznar, utilizando la política exterior como instrumento de acoso al Gobierno o, si por el contrario, el PP interioriza y acredita la oferta de Rajoy para una política exterior de Estado. La política exterior aparece así, también, como un elemento que va a definir, en los próximos meses, el debate interno en el PP y a reafirmar o seguir desdibujando el liderazgo de Rajoy.
No cabe duda de que los intereses de España estarán mejor servidos si Rajoy decide dejar atrás la herencia e imprimir un sello propio que ayude a los españoles a pasar página de los errores cometidos por su antecesor en política exterior, que han perjudicado considerablemente al PP. En cuanto al Gobierno, es evidente que dirigir la política exterior en un clima de confrontación con el principal partido de la Oposición no resulta cómodo. Sin embargo, ese empeño del PP por bloquear la nueva política exterior ha provocado unos efectos que, parece claro, no perseguía el PP.
En primer lugar, ha contribuido a acentuar los perfiles, las ideas-fuerza de esa nueva política exterior que han respaldado los españoles; también la noción de que la alternativa que se ofrece es la política que los ciudadanos repudiaron el 14 de marzo; en segundo lugar, ha permitido evidenciar que la política exterior del nuevo Gobierno cuenta, en sus elementos centrales y en sus estrategias, con el respaldo y la confianza de siete de los ocho Grupos Parlamentarios del Congreso. Todo ello no hace sino reforzar internamente al Ministro Moratinos ante el ataque del PP y reafirmar al Gobierno y al PSOE en la idea de mantener las líneas directrices de la nueva política exterior.
Así va a ocurrir, en cualquier caso, y así lo percibirán los ciudadanos en 2005, un año que vendrá cargado de acontecimientos, algunos ya fijados en el calendario, que van a permitir al Gobierno fijar ese perfil propio e impulsar los objetivos que la inmensa mayoría comparte en política exterior. Por muchas razones, España va a tener un papel determinante en lo que el Consejo Europeo ha establecido como “el año del Mediterráneo”. Barcelona 2005 será la ocasión para evaluar y revisar un decenio de relaciones euro-mediterráneas. La nueva política euro-mediterránea que saldrá de Barcelona, además de incorporar elementos como la estrategia de vecindad y medidas que den mayor visibilidad a esa asociación, va a situar esa política, previsiblemente, en el marco conceptual de la alianza de civilizaciones que formuló Rodríguez Zapatero ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
La importante cita latinoamericana de Salamanca va a dotar también de visibilidad el impulso que el Gobierno pretende dar a las Cumbres Iberoamericanas. España, desde el respeto, el diálogo y la estrecha cooperación, aspira a recuperar su papel como interlocutor privilegiado en esta Comunidad de Naciones de la que formamos parte, un ejercicio que arranca, ya en sus primeros pasos, con un cambio sustancial de la deteriorada imagen de España en América Latina. Avanzar hacia el cierre del acuerdo UE-Mercosur e impulsar los nuevos acuerdos de la Unión con Centroamérica y con la Comunidad Andina deberán ocupar un lugar preeminente en la agenda común iberoamericana. Al mismo tiempo, esa renovada relación con América Latina deberá ser también un elemento central para una imprescindible relación reforzada y equilibrada con EEUU, prioridad del Gobierno para el año que comienza.
Son muchos otros los ámbitos en que, por encima de las discrepancias, los intereses de España como Nación y como miembro de la Unión Europea van a confluir en 2005 con los de EEUU: de manera prioritaria, la necesidad de poner fin al conflicto árabe-israelí, logrando un acuerdo justo que permita la coexistencia de dos Estados. A nadie se le oculta la trascendencia que el fin de este conflicto tendría para alejar el fantasma del choque de civilizaciones, al que alimentan tanto la tragedia que vive el pueblo palestino como la crítica situación de Irak. En esa misma dirección, España y, en general, la UE tiene razones evidentes para coordinar con otros países y, en particular con EEUU, la acción contra el terrorismo internacional y la erradicación del odio del que se nutre: la presencia en Afganistán es sólo el elemento más visible de ese compromiso español. El décimo aniversario de la Agenda Transatlántica debiera definir y vertebrar la relación entre los dos grandes conjuntos económicos y comerciales del mundo: la UE y EEUU, incorporando estrategias comunes ante los retos que plantea la globalización.
En la agenda española para 2005 figuran otras prioridades: en enero, la visita de Estado a Marruecos debe marcar claramente una nueva e intensa etapa, cuyo signo más evidente es la acción conjunta de soldados españoles y marroquíes en Haití, bajo la bandera de Naciones Unidas. Pero en el Magreb, España tiene también el objetivo de avanzar hacia un acuerdo entre las partes que suponga la solución del prolongado conflicto del Sahara, una solución que pasa, evidentemente, por el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, como establecen las Resoluciones de Naciones Unidas. Al otro lado del Atlántico, en Cuba, el acuerdo unánime de la UE para una posición común que sustituirá la de 2003, de probada ineficacia, permitirá a Europa promover el respeto a los derechos humanos y las libertades e influir de manera efectiva para el cambio en Cuba: ya hemos visto los primeros frutos de esa nueva política. Veremos también un fuerte impulso para hacer realidad el Plan Asia. Finalmente, la nueva estrategia sobre Gibraltar, desde el estricto respeto a los principios y objetivos seguidos por gobiernos anteriores, requiere el respeto y lealtad con que, hasta ahora, siempre había contado esta cuestión de Estado.
Son muchos los temas que centrarán la política europea de España en 2005, desde la revisión de la Estrategia de Lisboa –una de las prioridades del Gobierno del PSOE- al avance en las discusiones previas a las Perspectivas Financieras que entrarán en vigor en 2007. Pero, sin duda, el acontecimiento más relevante será el referéndum sobre el Tratado Constitucional europeo al que seremos llamados los españoles el 20 de febrero. Desde la declarada posición favorable, un compromiso activo con el referéndum y con sus resultados será la primera oportunidad que tendrán Rajoy y el Partido Popular para hacer creíble su voluntad de pasar página y sentar las bases para una auténtica política de Estado. Como puede verse, nada justificaría que el Partido Popular se siga aislando y se autoexcluya del consenso en torno a todos estos objetivos de política exterior. Si lo hiciera, los ciudadanos acabarían por percibir que el PP está, no dañando la política del Gobierno, sino, algo imperdonable, poniendo en peligro los intereses de España, avivando así un recuerdo aún presente en la memoria de muchos españoles.

Rafael Estrella
Diputado
Portavoz Socialista en la Comisión de Asuntos Exteriores

Política exterior: excusas y razones

El autor considera que los ataques del Partido Popular por la acción diplomática del Gobierno son un ejercicio de cinismo que traslada la política exterior al escenario de la confrontación.

RAFAEL ESTRELLA
EL PAÍS - España - 01-12-2004

Poco hay de nuevo en el anuncio de que el Partido Popular va a suspender su colaboración institucional con el Gobierno. La realidad es que, desde el comienzo de la Legislatura, esa colaboración ha sido casi inexistente. El PP, instalado en la teoría del atentado teledirigido para que perdieran las elecciones, sigue cuestionando la legitimidad del resultado electoral. No hay, por tanto, nada nuevo, salvo que ahora se nos anuncia una actitud más virulenta, más montaraz, la misma que viene preconizando y mostrando la primera bancada del Grupo Popular en el Congreso, los Zaplana, Acebes o Cortés.
Esa actitud domina también la oferta de Rajoy para un pacto de Estado en política exterior, que contenía un mensaje a su propio partido: la necesidad de iniciar un giro en política exterior que, sin renegar de Aznar, alejase al PP de las posiciones radicales del ex presidente, un giro que le permitiese centrar de nuevo su posición y acercarse al resto de las fuerzas políticas a fin de que los ciudadanos olviden una política exterior que la mayoría del PP ni compartía ni comprendía, y cuyos costes políticos han sido evidentes. Desde hace varias semanas, hay signos evidentes de que este necesario ejercicio de autonomía y moderación en política exterior ha dejado de ser parte de las prioridades de Rajoy. Sin duda, no son ajenas a ello las apariciones periódicas, marcando el discurso en política exterior, de un Aznar que se siente reivindicado por la victoria de Bush; frente a ello, muchos dirigentes del PP no ocultaban sus simpatías por Kerry, en cuya posible victoria veían también la oportunidad de pasar página.

La tensión entre moderación y radicalización, entre política exterior de Estado y utilización de la política exterior con fines partidistas emergió ya a la hora de fijar la posición ante el referéndum de la Constitución europea. Rajoy, pese a la postura de su antecesor, lo resolvió con una fórmula intermedia: pedirán el sí -lo que debe ser bienvenido-, si bien, confiesan los suyos en privado, lo harán con la boca pequeña, arrastrando los pies y esperando una baja participación de la que culparían al Gobierno.

En los últimos meses, la oferta de Rajoy se ha visto desmentida, además del discurso simplista del antiamericanismo, por ataques de su Grupo Parlamentario al Gobierno sobre tres ejes centrales de lo que debiera ser una política exterior de Estado: Sáhara, Cuba y Gibraltar. En todos ellos cabe la discrepancia y la crítica sobre decisiones y actuaciones políticas concretas, pero los tres contienen posiciones de principios que jamás habían sido objeto de controversia entre Gobierno y oposición. Me refiero, en el caso de Cuba, a la defensa de los derechos humanos, que el Gobierno del PP buscó desde la confrontación con el Gobierno cubano y una retórica de apoyo a la oposición y que el Gobierno actual persigue desde un diálogo crítico con la autoridades y una relación estructurada con la disidencia; en el caso del Sáhara, los principios de la política española son el respeto a las Resoluciones de Naciones Unidas, que contemplan la necesidad de un acuerdo entre las partes y el ejercicio del derecho de autodeterminación de los saharauis. Aznar, desde esos principios, buscó sin éxito el aislamiento de Marruecos en Naciones Unidas; el Gobierno de Rodríguez Zapatero, desde los mismos principios, ha desplegado una intensa acción diplomática con marroquíes, saharauis y argelinos, encaminada a lograr el acuerdo entre las partes para desbloquear un conflicto que dura ya treinta años. Acusar al Gobierno de “estar con la dictadura y no con los derechos humanos” en Cuba o de abandonar las posiciones de principio sobre el Sáhara no es un mero ataque a la estrategia política, es un intento de deslegitimar a un Gobierno a costa de los pilares de la política exterior de Estado, un desleal ejercicio de cinismo que traslada la política exterior, incluidos sus principios, al escenario de la confrontación política.

En el caso de Gibraltar, la posición de principios es, evidentemente, la recuperación de la soberanía sobre el Peñón. El Gobierno anterior trabajó para ello sobre la base de la propuesta de cosoberanía planteada por Blair y fracasada en el tránsito de Piqué a Ana Palacio; el Gobierno socialista ha decidido hacerlo mediante pasos mutuos para generar confianza en cuestiones que afectan a la vida cotidiana de las poblaciones a uno y otro lado de la verja, promoviendo al mismo tiempo foros de diálogo en que serán abordados todos los temas, incluida la soberanía. La diferencia sustancial es que, cuando el Gobierno de Aznar inició esa negociación, el PSOE, en la oposición, mantuvo en todo momento una actitud de lealtad -hubiera sido fácil acusar a Aznar de renunciar a la mitad de la soberanía-, respetando una negociación delicada y manteniendo una actitud de diálogo y colaboración con el Gobierno, sin trasladar el debate al Parlamento. Por eso, cuando ahora el PP acusa al Gobierno, sin fundamento alguno, de abandonar posiciones de principios sobre Gibraltar, esa actitud, no sólo es un oportunismo irresponsable, sino una grave deslealtad. En sus iniciativas sobre Gibraltar, Cuba o el Sáhara, el mayor error del Gobierno ha sido no prever, ni contemplar siquiera, la maldad y deslealtad del adversario.

Hay otros ejemplos: los más recientes: la negativa del Grupo Popular a respaldar la creación de una subcomisión sobre la reforma del Servicio Exterior, mostrando así su voluntad de obstruir el consenso en política exterior; también, lo de “no ha ido ni El Tato”, la frívola expresión del líder de la oposición para referirse a una Cumbre Iberoamericana, eje central de la política exterior de España.

Tras las palabras de Moratinos en un programa de televisión, el Partido Popular ha pedido explicaciones, rectificaciones y dimisiones y ha orquestado toda una jornada de cerco al ministro. En el mismo día, deberá responder a preguntas en el Senado y comparecer ante la Comisión de Asuntos Exteriores; para completar la jornada, el Grupo Popular ha introducido una interpelación sobre política exterior, en un claro intento de obstaculizar una importante visita a Oriente Próximo, ya anunciada, que el ministro debía iniciar a mediodía acompañado por miembros de la Comisión de Exteriores.

Este ataque exacerbado contra el responsable de la política exterior del Gobierno reflejaría la anunciada “suspensión de la colaboración institucional” del Partido Popular. Todo ello, según Ángel Acebes -que fuera responsable de nuestra seguridad y de transmitir a los españoles la verdad el 11-M-, vendría justificado por las declaraciones del ministro Moratinos.

Nada más lejos de la realidad; si el PP se siente agredido, está en su derecho de pedir explicaciones, y a ello deberá hoy responder el ministro, pero, seamos claros: la colaboración institucional del PP ha venido brillando por su ausencia; la voluntad política para construir un más que conveniente consenso en política exterior es inexistente; la política exterior de Estado ya había sido sacrificada al servicio de la deslegitimación y de la confrontación política y parlamentaria. Y es que, por diversas razones, la política de Estado y la autonomía de Rajoy en política exterior han pasado a un plano secundario en la agenda del líder del PP: las declaraciones de Moratinos son la excusa, no la razón.